Protección Financiera para Adultos Mayores en México
En la Cámara de Diputados, se están gestando iniciativas para salvaguardar el estado económico de las personas adultas mayores, un tema que ha suscitado una creciente preocupación en México. Con el aumento del abuso económico hacia este grupo vulnerable, la diputada Azucena Huerta Romero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha propuesto medidas legislativas que buscan establecer sanciones más severas y mecanismos de prevención dirigidos a instituciones financieras.
Iniciativa de la Diputada Huerta Romero
La propuesta presentada por Huerta Romero abarca reformas tanto en el Código Penal Federal como en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El enfoque principal de esta iniciativa es la creación de un nuevo capítulo en el Código Penal, específicamente el Capítulo III Quater titulado “Explotación Financiera de Adultos Mayores”, que incluirá el artículo 390 Ter.
Definición del Delito
Este artículo define como delito a cualquier persona que, aprovechando una relación de confianza o dependencia, disponga o se apropie de los bienes, recursos o pensiones de un adulto mayor de 65 años sin su consentimiento libre e informado. Las sanciones propuestas oscilan entre 4 y 8 años de prisión, así como multas de 200 a 500 días, incrementándose en un 50% si la víctima presenta alguna discapacidad.
Persecución de Oficio
Importante destacar es que este delito será perseguido de oficio, lo que significa que no será necesario que la víctima presente una denuncia formal, algo que resulta crucial considerando que muchos adultos mayores no denuncian por miedo a represalias o por su dependencia del agresor.
Reformas a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores
La iniciativa también propone una reforma a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, sugiriendo la creación de un capítulo dedicado a las instituciones financieras. El nuevo artículo 23 Bis requerirá que estas entidades simplifiquen los trámites necesarios para el cobro de pensiones y otros servicios, facilitando así el acceso a recursos económicos para este grupo.
Obligaciones de las Instituciones Financieras
Las instituciones bancarias deberán implementar protocolos para detectar y reportar operaciones sospechosas en las cuentas de personas mayores, enviando alertas a la Fiscalía General de la República al identificar patrones que sugieran explotación financiera. Además, se enfatiza la importancia de proteger los datos personales de las posibles víctimas.
Estadísticas Reveladoras
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021, el 4.7% de las mujeres de 60 años o más reportaron haber sufrido violencia económica por parte de sus familiares. Adicionalmente, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indica que el 63% de las reclamaciones realizadas por adultos mayores ante bancos están relacionadas con posibles fraudes.
Huerta Romero sostiene que el marco legal actual es insuficiente, ya que el “abuso de confianza” es un delito que solo se persigue a través de querella, lo que limita significativamente la capacidad de los adultos mayores para hacer valer sus derechos. Se requiere un enfoque más robusto que permita a estos individuos recuperar sus ingresos sin obstáculos significativos.
Conclusión
La propuesta de la diputada Azucena Huerta Romero no solo busca castigar la explotación financiera de adultos mayores, sino también proporcionar herramientas legales para su protección. Al abordar esta problemática, se espera fortalecer la seguridad económica de un sector que, lamentablemente, se enfrenta a numerosos desafíos.
- Se propone el “Delito de Explotación Financiera” para adultos mayores de 65 años.
- Las penas por este delito oscilarán entre 4 y 8 años de prisión.
- El delito será perseguido sin necesidad de denuncia por parte de la víctima.
- Las instituciones financieras deberán facilitar el acceso a pensiones y reportar movimientos sospechosos.